"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
Priorización del gasto en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Suspensión de ayudas a la Dependencia
Por Andrés Medina, presidente de ACIME y miembro del Comité Ejecutivo del CERMI Estatal
21/02/2013
Las sucesivas reducciones del presupuesto de Defensa han hecho que suenen las alarmas en cuanto a “las capacidades operativas mínimas e imprescindibles” de las Fuerzas Armadas. El recorte acumulado en los últimos seis años se acerca al 28% y las carencias se han ido parcheando con créditos extraordinarios.
La Defensa es un tema de Estado que requeriría un consenso de los dos partidos mayoritarios pero vemos que con el paso de los años llega a ser pura entelequia. Lo que se demanda en la oposición pasa a ser no prioritario cuando se gobierna y, llegados los presupuestos, la Defensa es uno de los sectores más golpeados.
Aparte de debilitar las capacidades operativas, en este contexto de crisis y recortes, el turno del ajuste llega a las ayudas asistenciales y al bienestar y, en muchos casos, a la supervivencia digna de nuestros mayores.
La asignación presupuestaria al ISFAS, encargado de gestionar el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, se ha reducido drásticamente. Esta reducción de los recursos ha llevado al organismo a priorizar y a suspender muchas ayudas sociales y a reducir otras prestaciones sociales a partir del 1 de enero. Hasta la fecha desconocemos los criterios en que se ha basado tal priorización y cuánto supone el ahorro de tales medidas.
Las más afectadas, debido a la suspensión, han sido las ayudas para la Atención a la Dependencia, además de limitar el acceso a las ayudas económicas a personas mayores, modificar la extensión de las ayudas para estancia temporal en centros residenciales, que se limitará a tres meses sin posibilidad de prórroga, reducir la cuantía de las ayudas para pacientes celíacos, etc.
La mayoría de estas prestaciones sociales, además de desarrollar la cobertura de las necesidades de grupos de personas discapacitadas que, al no alcanzar la calificación de dependencia, no podían acceder a los beneficios de la citada Ley, se basaban en que los beneficiarios tuvieran reconocida la situación de dependencia y dispusieran del Programa Individual de Atención (PIA) que determinaba el servicio y modalidad de ayuda que más se adecuaba a sus necesidades.
Estos draconianos ajustes, unidos al inicio del desarme del SAAD, arrastran a estos militares y sus familias a una situación de extrema vulnerabilidad. Parte de estos discapacitados y dependientes quedarán expulsados del sistema y otros muchos, la gran mayoría, no accederán a él con el agravante de que continuarán estando penalizados con el pago del 30% de los medicamentos.
Con estas medidas se está forzando a estas personas, discapacitadas y dependientes, a que sigan ejerciendo esas virtudes militares que han guiado sus vidas profesionales y familiares, el esfuerzo y el espíritu de sacrificio y que, además, soporten con resignación lo que se dibuja como inevitable. Pero en contrapartida no se les está respetando otro valor destacado en las Reales Ordenanzas, que es el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos.
Ya sea mediante medidas de carácter excepcional o a través de restos de otros créditos extraordinarios, que a buen seguro se irán aprobando, debemos prevenir casos peligrosos de desatención de estas personas. No podemos permitirnos situaciones extremas o dramáticas. Desde esta tribuna queda lanzada la cuestión al Ministerio de Defensa y al ISFAS para que eso no llegue a producirse.
